Iniciolabazuca2MP amplía el caso SeNaSa con 37 allanamientos

MP amplía el caso SeNaSa con 37 allanamientos

SANTO DOMINGO.– El Ministerio Público activó este viernes una nueva fase de la investigación denominada Operación Cobra 2.0-A, con 28 personas arrestadas y 37 allanamientos ejecutados en distintos puntos del país por un presunto esquema de corrupción que, según la acusación, habría provocado pérdidas de miles de millones de pesos al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).

Los operativos abarcaron el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega, y movilizaron a 45 fiscales, 200 agentes policiales y personal de unidades investigativas, con apoyo de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

De acuerdo con el Ministerio Público, durante las intervenciones fueron ocupados dinero en efectivo, vehículos, armas y otros bienes, mientras los investigadores profundizan las pesquisas sobre supuestas maniobras para desviar recursos de la ARS estatal.

Esta nueva etapa se conecta con el expediente iniciado mediante la Operación Cobra, en el que figuran exfuncionarios y empleados de SeNaSa, además de médicos y particulares. Entre los principales procesados se encuentra el exdirector ejecutivo Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, quien cumple prisión preventiva junto a otros imputados.

La acusación incluye delitos como soborno, desfalco, estafa contra el Estado, asociación de malhechores, falsificación, lavado de activos y prevaricación. El órgano persecutor sostiene que ha identificado evidencias relacionadas con presuntos sobornos, modificaciones de información financiera y programas que, según su hipótesis, habrían facilitado el desvío de fondos.

El expediente también mantiene conexiones con otras investigaciones en el sector sanitario, entre ellas la Operación Onco14, relacionada con presuntas irregularidades que habrían afectado recursos destinados a servicios oncológicos y a SeNaSa.

Todos los señalados mantienen la condición de imputados mientras avanzan las investigaciones y procesos judiciales; la responsabilidad penal de cada persona deberá ser establecida por los tribunales.

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