NUEVA YORK.- El gobierno federal evalúa aplicar cambios significativos al momento de presentar su income tax para el año 2027, como usted supone, esas decisiones impactaran drásticamente los bolsillos de una cantidad apreciable de familias de nuestra comunidad.
El Departamento del Tesoro lleva muy encaminada la idea de aplicar La ley PRWORA (Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act) aprobada en 1996 en el gobierno de Bil Clinton. Esta medida reformó drásticamente el sistema de asistencia social (welfare) del país, sustituyendo programas de ayuda económica garantizada por un modelo enfocado en la autosuficiencia y el empleo.
Este cambio introdujo tres reglas fundamentales: El límite de tiempo estableció un tope máximo de cinco años de por vida para recibir ayuda en efectivo financiada con fondos federales; estableció un requisito de trabajo y obligó a la mayoría de los beneficiarios adultos a buscar empleo o trabajar dentro de los dos primeros años de recibir asistencia para no perder el beneficio. Produjo un proceso de descentralización que otorgó mayor flexibilidad y autonomía a cada estado mediante block grants (subvenciones globales) para que administraran los fondos bajo sus propios criterios.
De estos ajustes nos preocupa el impacto que los cambios tendrá en la comunidad inmigrante, una de las secciones más severas de la PRWORA (el Título IV) restringe el acceso de los no ciudadanos a los beneficios públicos federales.
La ley divide a los inmigrantes en dos categorías: Inmigrantes calificados (Qualified Aliens) que incluye a residentes permanentes legales (titulares de Green Card), refugiados y asilados. Aun así, la ley impuso un periodo de espera de 5 años desde la obtención de su estatus antes de poder solicitar la mayoría de las ayudas federales (como cupones de alimentos/SNAP o Medicaid). Inmigrantes no calificados (Not Qualified): Personas en situación irregular (indocumentados) o con visados temporales de turismo o estudiante, quienes quedaron completamente excluidos de casi todos los programas federales de asistencia, salud y vivienda.
Pese a las restricciones, la ley contempla excepciones vitales donde cualquier persona puede recibir asistencia sin importar su estatus migratorio, por ejemplo, tratamiento médico en salas de urgencias de hospitales, auxilio a corto plazo en caso de desastres naturales, programas de inmunización y vacunas, servicios comunitarios que protegen la vida o la seguridad pública (como comedores de beneficencia o refugios para personas sin hogar). Todo esto está en vigencia desde 1996.
Pero esta ley tiene ahora una nueva interpretación (para el 2026) respecto a que es y carga pública y la misma toca de manera directa a algunos residentes legales y trabajadores con Itin al momento de reclamar créditos en su planilla de impuestos.
El cambio más importante para 2026–2027 es la nueva cuestión migratoria en los créditos reembolsables. El IRS y Departamento del Tesoro publicaron en agosto de 2026 una propuesta de reglamentación para aplicar la ley PRWORA a la parte reembolsable de determinados créditos tributarios.
Lo relativo a la condición migratoria del contribuyente (según el draft de la forma 1040 del 2026) estaría contemplada en la parte biográfica de este formulario en la sección other information (otras informaciones) No quiere esto decir que el IRS compartirá esta información con otra agencia federal, pero se contempla levantar esta información.
Los cuatro créditos afectados por la nueva interpretación de la ley del 1996 (PRWORA) son: earned income tax credit, EITC, child tax credit, CTC, american opportunity tax credit, AOTC y adoption tax credit. La limitación de estos cuatro créditos a familias trabajadoras, provocará una reducción importante en la devolución quienes serán afectados.
La propuesta considera que la parte reembolsable de estos créditos puede constituir un Federal Public Benefit. Bajo PRWORA, las personas que no sean ciudadanos, nacionales o qualified aliens (extranjeros cualificados) no serían elegibles para recibir esa porción reembolsable.
Para ello, el IRS podría presentar el nuevo Schedule 3-A (federal Public Benifit) donde se establecería cual es la parte reembolsable del crédito en cuestión y la verificación de elegibilidad del contribuyente (si aplica para esta “depuración”), este nuevo formulario significa profundizar en el due diligence haciendo las preguntas correctas para evitar dificultades.
Por este momento serian no afectados, aquellos extranjeros cualificados que son residentes permanentes, refugiados, quienes tienen procesos de asilo verificable entre otras categorías.
Ahora mas que nunca, contribuyentes y profesionales deben estar pendientes a estos ajustes para evitar sorpresas y ojala los oficiales electos eduquen a sus vecinos al respecto.
Nota: disculpas por los anglicismos, pero es necesario para que tanto los contribuyentes como los profesionales de impuestos relacionen los términos con sus planillas anuales.
Samuel Sánchez E.
Presidente de Latax, coordina Iniciativa latina para los Pequeños Negocios
