Lo que siempre ha trascendido es que desde la Policía Nacional operan mafias de oficiales que auspician bandas delincuenciales, pero cuando ciertos miembros de esas organizaciones criminales les causan problemas les dan para abajo y así eliminar cualquier eventual evidencia que pueda comprometerlos.
No son uno ni dos los jóvenes rateros de barrio que han hecho pública esa denuncia, mencionando nombres y apellidos de miembros del denominado cuerpo del orden, sin que el presidente de la República disponga una investigación. Si lo que demanda es de fuente de mayor crédito solo tiene que usar los servicios de los organismos de seguridad del Estado. Parece que no hay voluntad.
De esa manera, ¿cómo se pretende hacerle creer a la población que se hace una reforma policial para resolver el problema de la inseguridad ciudadana sin realizar una depuración y limpieza de la institución que tiene la responsabilidad de preservar el orden público?
Por más dinero que se gaste en uniforme y asesores internacionales resulta imposible erradicar la violencia callejera con la misma entidad y con los tradicionales métodos de los intercambios de disparos, que son ilegales y generan mayor nivel de violencia.
Ese es un problema, de todos los que aquejan a la gente, que aparece siempre en los primeros lugares en las encuestas de opinión de los últimos años. Y con la incompetencia e improvisación que exhiben las presentes autoridades se puede apostar en que no habría solución en lo que resta de gobierno. El presidente de la República opta por irse por la tangente y continuar la fiesta de violación a las leyes.
El presente Gobierno se ha destacado, además, por los desacatos a las sentencias del Tribunal Constitucional. De acuerdo a la Unidad de Seguimiento de Ejecución de Sentencias El Poder Ejecutivo rompe récord al no aplicar más de cien decisiones dictadas por esa alta corte, las cuales, de acuerdo a la Constitución, son vinculantes, obligatorias e inapelables.
Precisamente, la Policía Nacional encabeza los desacatos con más de 20 fallos sin ejecutar.
Otro dolor de cabeza para la población dominicana es la excesiva presencia de extranjeros indocumentados. El autor de este artículo, de forma responsable, ha defendido la contratación de obreros haitianos para los sectores construcción y agropecuaria, que no funcionan sin esa económica mano de obra. Esos trabajadores no son una carga, con una necesidad para dos importantes componentes de nuestro Producto Interno Bruto.
Sin embargo, el Gobierno está en la obligación de aplicar de forma efectiva la Ley 285-04, para proteger la soberanía nacional y el interés nacional, lo que no se hace por la mafia que prevalece en la frontera entre oficiales militares y agentes de la Dirección de Migración.
¿O acaso el presidente de la República ignora también que se cobra 40 mil pesos por cada haitiano indocumentado y se le trae en una guagua, que no es revisada en los famosos controles, y se le deja en la avenida Duarte? Tanto la Policía Nacional como las autoridades militares y de migración de la frontera tienen un negocio redondo. Es una pena que el dominicano mejor informado, el presidente de la República, no tenga conocimiento de nada de eso. Particularmente yo no lo creo.
Por Danilo Cruz Pichardo
