ASUNCIÓN, PARAGUAY.– La crisis financiera provocada por la intervención de Ueno Bank desató una tormenta política en Paraguay que llevó al presidente Santiago Peña a presentar su renuncia este jueves. Sin embargo, su salida del poder no se ha concretado, debido a que el Congreso no pudo reunir el quórum necesario para conocer y decidir sobre su dimisión, mientras el Senado puso en marcha un juicio político en su contra por presunto mal desempeño de sus funciones.
La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 78 votos, la acusación promovida por legisladores opositores y disidentes del oficialismo. El proceso busca destituir al mandatario, quien asumió en agosto de 2023 para un período de cinco años. Peña anunció que comparecerá ante el Senado para ejercer su derecho a la defensa y presentar argumentos y pruebas frente a los señalamientos.
El escándalo tiene su origen en la intervención de Ueno Bank por parte del Banco Central de Paraguay, luego de detectar que su índice de solvencia había caído por debajo del mínimo requerido. La entidad contaba con aproximadamente 2.9 millones de clientes y su cierre dejó numerosos depósitos temporalmente congelados. La controversia adquirió mayor dimensión por los vínculos empresariales que Peña mantuvo con el Grupo Vázquez, principal accionista del banco, del que se desvinculó en marzo del año pasado.
En medio de la incertidumbre, el Banco Central comenzó a gestionar la devolución de los depósitos, anunciando una primera fase de pagos de hasta 10 millones de guaraníes por ahorrista, equivalentes a unos 1,565 dólares, bajo determinadas condiciones. Peña también reclamó que se garantice la recuperación del dinero de los afectados y que se protejan los recursos públicos comprometidos en la entidad financiera.
La eventual destitución representaría un duro golpe para el Partido Colorado, que gobierna Paraguay desde 1947, con excepción del período 2008-2013. Mientras el proceso legislativo continúa, el futuro político de Peña permanece en manos del Congreso, en una crisis que amenaza con poner fin anticipado a un mandato que debía concluir en 2028.
