SANTO DOMINGO. – El Gobierno dominicano trabaja en un conjunto de reformas legislativas destinadas a fortalecer la transparencia, prevenir conflictos de interés y ampliar las garantías de los ciudadanos frente a posibles irregularidades en la administración pública.
Durante el encuentro LA Agenda Semanal, encabezado por el presidente Luis Abinader, la directora general de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, presentó los principales proyectos que se encuentran en proceso de discusión y tramitación, como parte de una estrategia para modernizar las instituciones y elevar los estándares de responsabilidad en el ejercicio de las funciones públicas.
Entre las iniciativas figura un proyecto de ley sobre conflictos de interés en el sector público, que establecería mayores regulaciones para evitar que los intereses particulares interfieran con las decisiones de los funcionarios. También se contempla una legislación para proteger a denunciantes, testigos, informantes y víctimas, ofreciendo garantías a quienes colaboren con las autoridades en la identificación de posibles actos irregulares.
Ortiz Bosch explicó que otra de las prioridades consiste en actualizar las disposiciones sobre transparencia y acceso a la información pública, tomando en cuenta los cambios tecnológicos y el impacto de la inteligencia artificial. La intención es adaptar las normas a las nuevas formas de producción, almacenamiento y consulta de información, facilitando una mayor supervisión de las actuaciones gubernamentales.
La agenda legislativa incluye, además, un proyecto de protección de datos personales, orientado a establecer garantías para el manejo responsable de la información de los ciudadanos. Esta propuesta busca responder a los desafíos que plantea la transformación digital y reforzar la seguridad jurídica de las personas frente al uso de sus datos por parte de instituciones y otros actores.
Otro aspecto destacado es el fortalecimiento de los mecanismos de recepción y seguimiento de denuncias ciudadanas. La funcionaria señaló que resulta necesario orientar a la población sobre las instituciones responsables de conocer cada reclamación, de manera que las personas puedan canalizar sus casos correctamente y ejercer su derecho a vigilar la gestión estatal.
En el ámbito institucional, las autoridades también mencionaron el fortalecimiento de los mecanismos de auditoría y supervisión del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), como parte de las acciones dirigidas a mejorar los controles internos y la vigilancia sobre el funcionamiento de las entidades públicas.
Con estas iniciativas, el Gobierno procura establecer un marco legal más actualizado para promover la ética, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Sin embargo, el alcance de estas reformas dependerá de su aprobación legislativa, su aplicación efectiva y la capacidad de las instituciones para garantizar que las nuevas disposiciones se cumplan.



