En algunas notas se utiliza entre comillas o junto al calificativo “supuesto”, aunque casi siempre se escribe sin estas señas y se pronuncia sin entonación particular. En el vocabulario dominicano el término “intercambio de disparos” es un eufemismo para enmascarar la ejecución o el asesinato. Tiene que ser extrajudicial toda ejecución en un país donde no existe la pena de muerte.
Cuando un analista pone en duda que toda ejecución es un crimen cometido por la autoridad, evade la responsabilidad de abogar por los derechos humanos y, claro está, intenta inducir a las mayorías a eludir la histórica tarea de desmontar el orden político, económico y social que fabrica delincuentes, se sirve de ellos y los silencia cuando lo cree conveniente. Ese orden, además, pone el sello de delincuente cuando lo entiende de lugar, y utiliza esta política para reprimir la inconformidad.
En un discurso en homenaje a José María Heredia, pronunciado en noviembre de 1889, José Martí advirtió: “El que vive de la infamia, o la codea en paz, es un infame. Abstenerse de ella no basta: se ha de pelear contra ella. Ver en calma un crimen, es cometerlo”.
Es insuficiente la afirmación de que en República Dominicana la pena de muerte se aplica de facto. Hay que decir que se aplica por decisión de grupos que entienden conveniente silenciar a personas sospechosas para impedir el inicio de una acción judicial que puede destapar situaciones no conocidas y desvelar nombres y apellidos que solo deben figurar en la crónica rosa. La facultad para decidir sobre la vida y la muerte la otorga, también de facto, el Estado a través del presidente de la República y los representantes del empresariado.
La manipulación mediática ha colocado como materia de discusión el estar de acuerdo o no con los intercambios de disparos, porque resulta grotesco discutir sobre la pertinencia o no de las ejecuciones. ¿Cómo se puede plantear una discusión alrededor de una denominación mendaz? Un intercambio de disparos es un enfrentamiento de extrema violencia. Una ejecución extrajudicial es un acto en el cual un agente o una patrulla de un cuerpo policial le quita la vida a un sospechoso. Casi siempre, como dice la vieja canción suramericana, dispara primero y averigua después.
La identificación con el autoritarismo conduce a comentaristas de medios corporativos y de plataformas que producen contenido basura a discutir si procede o no aplaudir una práctica ilegal y criminal sin disfraces.
Durante décadas, el periodismo vendido al mejor postor ha negado que la eliminación de delincuentes pobres es una política de Estado, una práctica de coerción de clase y un recurso para ocultar la identificación entre la delincuencia común y la delincuencia adornada con kepis, uniforme e insignias. Claro está, también se busca ocultar que esta sucia alianza sirve para resguardar los intereses de la clase dominante.
Las cifras son inocultables. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), institución que preside el abogado Manuel María Mercedes, estima en cuatro mil sesenta y nueve los hombres y mujeres (incluyendo menores de edad) muertos por la Policía entre los años 1997 y 2012. Para el período 2018-2025, la cifra se sitúa en cuatro mil quinientos.
La CNDH menciona en el reporte de resultados los nombres de jefes policiales como Rafael Guillermo Guzmán Fermín, Pedro de Jesús Candelier, José Aníbal Sanz Jiminián, Bernardo Santana Páez y otros.
¿Para qué procurar una enumeración exhaustiva? Basta señalar que se trata de exfuncionarios millonarios y protegidos por los sectores dominantes. Sus nombres figuran actualmente en nóminas de asesores y en listas de dirigentes de organizaciones politiqueras (impropiamente llamadas partidos) como la Fuerza del Pueblo, que dirige el expresidente Leonel Fernández; el Partido de la Liberación Dominicana, que dirige el expresidente Danilo medina y el Partido Revolucionario Moderno, que dirigen el expresidente Hipólito Mejía y el presidente Luis Abinader. Algunos han formado pequeños grupos para alquiler electorero y caminan junto a Miguel Vargas, a los dirigentes del deshecho Partido Reformista Social Cristiano y a otras franquicias, beneficiándose del Estado y de la acción explotadora del sector privado.
No han tenido que rendir cuentas por las ejecuciones y asesinatos y, por el contrario, tienen su lugar asegurado en el esquema de dominación. La clase dominante les otorga el premio porque actúan a su servicio. ¿Podría quedar sin pago el asesinato de quienes vulneran los intereses de las grandes corporaciones? ¿No se paga también por la represión a la protesta? En barrios y pueblos la represión ha dejado cientos de víctimas, y eso no puede ni debe olvidarse.
No basta decir que no son ejecutados ni asesinados los delincuentes de cuello blanco, los que compran por millones la impunidad de sus delitos, que pueden ser tan graves como el desfalco en fondos para la salud y la educación o la malversación de dinero que debe utilizarse para mitigar el hambre y atenuar las carencias de grandes grupos humanos. Hay que añadir que no pierden, por la comisión de esos delitos, sus privilegios y sus caudales.
En la competencia politiquera, algunos delincuentes ricos, acusados de desfalco porque tienen acceso a fondos del erario, han sido detenidos en forma espectacular y han sido allanadas sus viviendas, pero nunca el presidente de la República les ha advertido que se entreguen “para que les vaya mejor”. La advertencia la ha emitido contra delincuentes o sospechosos que no son admitidos en lujosos salones.
Las ejecuciones constituyen un recurso de coerción de clase y forman parte de una política de Estado. La prueba de esta afirmación ha sido presentada, bien articulada, por casi cinco décadas de práctica política, desde el final del período de los doce años de Joaquín Balaguer hasta la actualidad.
Abinader da continuidad a esta política y lo hace con la espectacularidad que caracteriza a la ultraderecha en un momento en que Donald Trump ocupa el asiento principal en la Casa Blanca. Por eso emite esa advertencia, que quedaría en espectáculo si no hubiera una cuenta de más de 40 muertes a manos de patrullas policiales en el mes de septiembre pasado. El actual director de la Policía, Ernesto Rafael Rodríguez García, entiende que no tendrá que rendir cuentas por ello y que la impunidad protegerá también al equipo que le acompaña. Es la experiencia de sus antecesores. Prolongar en el tiempo esta impunidad es parte de la misión de la prensa prosistema.
La Policía Nacional, a través de comentaristas que más bien son sus colaboradores (confidentes, asimilados o bien pagados voceros extraoficiales) ha añadido espectacularidad a la situación con la mención de un archivo policial y la difusión del término “poner en 29”, que, refiriéndose a una persona, es poner su nombre en una lista para ser ejecutada donde se encuentre.
¿Se concibe que, en el segundo cuarto del siglo XXI, se esté discutiendo la pertinencia o no de una práctica similar? Para hablar de esperanza, hay que pensar que las nuevas generaciones caracterizarán como tiempo de barbarie el que estamos viviendo.
Manipuladores de oficio dicen, desde espacios basura, que oponerse a las ejecuciones en los barrios es premiar a los delincuentes y no pensar en las víctimas. Eso no es cierto.
Hay leyes que tipifican y castigan el delito y es preciso exigir que las víctimas de la delincuencia reciban la debida atención.
De las políticas preventivas, hay que hablar. La exigencia en tal sentido debe incluir atención efectiva a la educación (no solo en apariencia, como hasta ahora se registra) y eliminación de toda forma de exclusión, marginación o discriminación contra personas o grupos.
Rechazar las ejecuciones es exigir el desmonte de las estructuras criminales que fabrican millonarios utilizando a delincuentes que pueden ser silenciados sin consecuencia alguna.
Rechazar esta práctica es condenar el asesinato como política de Estado y como táctica para someter a los pobres. Denunciarla es calificar a sus sustentadores y enfrentarlos.
Es momento de desmontar el discurso engañoso, de proclamar que no se puede disfrazar de justicia la acción de preservar los privilegios de los sectores dominantes, a sabiendas de que entre los privilegios está la facultad para crear delincuentes y eliminarlos cuando convenga… Urge desmontar un orden que amenaza a la humanidad misma. Es preciso reiterar esta idea que, aunque la derecha y la ultraderecha proclamen que no está de moda, es cierta y fundamental.
Por Lilliam Oviedo
