NUEVA YORK.- La situación actual en la República Dominicana es un claro reflejo de los entuertos que han marcado la gestión del gobierno en los últimos años. La promesa de un cambio significativo se ha visto empañada por el fracaso de reformas clave, la incapacidad para concluir obras fundamentales y el regreso a prácticas del pasado que han dejado a la población en una posición vulnerable.
Uno de los fracasos más evidentes ha sido la reforma fiscal, que, a pesar de las expectativas iniciales, no ha logrado generar el impacto positivo que se prometía. Las medidas adoptadas no han resuelto los problemas económicos que afectan a los ciudadanos y han contribuido a una creciente desconfianza en el gobierno. Esta desconfianza se acentúa aún más al ver cómo se han abandonado importantes proyectos de infraestructura, como la extensión del monorriel de Los Alcarrizos, la expansión del kilómetro 9 y la habilitación del monorriel de Santiago. Estos proyectos son esenciales para mejorar la movilidad y calidad de vida de los dominicanos, pero su paralización es un síntoma claro de la ineficacia administrativa.
La situación se torna aún más preocupante cuando observamos los recientes sucesos en Arroyo Vuelta Cotuí, donde la intervención de las fuerzas del orden ha dejado a mujeres, niños y hasta religiosos heridos. Este atropello, en nombre de una empresa foránea como Barrick Gold, resalta la falta de protección al pueblo dominicano y la priorización de intereses extranjeros sobre las necesidades de la ciudadanía. Es inaceptable que el ejército y la policía, en lugar de defender a la población indefensa, se vean involucrados en acciones que atentan contra la dignidad de sus compatriotas.
Además, la incapacidad del gobierno para contrarrestar el flujo migratorio haitiano en la frontera plantea serias dudas sobre su capacidad para manejar los desafíos que enfrenta el país. Mientras se despliegan fuerzas para proteger los intereses de una minera extranjera, las comunidades locales siguen siendo ignoradas y desprotegidas.
El silencio de los líderes políticos, incluidos el presidente, senadores y diputados, es ensordecedor ante estos abusos. La falta de respuesta y acción frente a estas injusticias es un indicativo de un sistema que parece estar más interesado en mantener el statu quo que en buscar soluciones efectivas para los problemas del pueblo.
Las elecciones del 2028 están a la vuelta de la esquina, es imperativo que la ciudadanía reflexione sobre el rumbo que ha tomado el país. Los entuertos del gobierno no pueden ser ignorados; el cambio prometido se desvanece si las autoridades no asumen la responsabilidad de sus acciones y decisiones. La indignación popular debe traducirse en una demanda de rendición de cuentas y un llamado a la acción para construir un sistema que realmente sirva a los intereses del pueblo dominicano y no a los de empresas extranjeras. El pueblo dominicano les pasará cuenta al PRM,un partido sin estrategia,sin visión pasada y futura de la historia y sin liderazgo.
Por Nelson Rojas
