NUEVA YORK.- En junio pasado, la dominicana Negri Sanz Del Orbe fue arrestada en Nanuet, Nueva York, junto a su esposo Luis Méndez Valdez, tras una operación encubierta de la policía de Clarkstown motivada por denuncias vecinales sobre un inusual flujo de hombres en su vivienda. Ambos enfrentaron múltiples cargos graves, incluyendo tráfico sexual, promoción de la prostitución y poner en peligro a menores, lo que generó amplia difusión mediática, especialmente por un video en el que Sanz Del Orbe aparece llorando en el tribunal.
Siete meses después, y tras haber pasado alrededor de ocho meses en prisión, Sanz Del Orbe sostiene que fue víctima de una injusticia y ha recurrido a redes sociales y medios de comunicación para exponer su versión. Afirma que sus derechos fueron violados, alegando que la policía ingresó a su vivienda sin orden judicial y que fue arrestada sin que se le informará formalmente los cargos.
Según su relato, un agente encubierto identificado como “policía Duval” llegó primero a su casa solicitando servicios sexuales, lo que derivó en una discusión. Minutos después, asegura, fue rodeada por otros agentes y detenida por cargos que incluían tráfico sexual y secuestro infantil, acusaciones que ella niega de manera categórica.
Sanz Del Orbe reconoce que alquiló habitaciones en su vivienda a dos mujeres, una de ellas con cuatro niños, y admite que una ejercía la prostitución, pero asegura no haber tenido ninguna participación en esa actividad. Sostiene que no es habitual preguntar a los inquilinos a qué se dedican y se desvincula completamente de cualquier delito.
La dominicana también denuncia haber sido víctima de maltrato, discriminación y abuso durante su encarcelamiento, atribuyendo las acusaciones a su origen hispano. En cuanto al proceso judicial, afirma que un juez le permitió salir bajo palabra y que la fiscalía le ha propuesto declararse culpable de un cargo menor de promoción de la prostitución, a cambio de tres años de libertad condicional, sin prisión.
Por su parte, la policía sostiene que la investigación se inició tras reportes comunitarios y un monitoreo en plataformas en línea utilizadas para facilitar delitos sexuales. Las autoridades acusan a Sanz Del Orbe y a Méndez Valdez de participar activamente en la promoción de prostitución ilegal y tráfico, mientras ella deberá regresar a los tribunales el 9 de abril, fecha clave para el futuro del caso.
