SANTO DOMINGO, RD.- La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de permitir que la administración continúe con el proceso para eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) de más de 350,000 ciudadanos haitianos provocó la reacción del presidente del Partido Esperanza Democrática (PED), Ramfis Domínguez Trujillo, quien llamó al país a mantenerse vigilante ante las posibles consecuencias migratorias para la República Dominicana.
Domínguez Trujillo afirmó que, aunque se trata de una decisión soberana de Estados Unidos dentro de su política migratoria, el Gobierno dominicano debe evaluar con anticipación los escenarios que podrían derivarse de una eventual deportación masiva de ciudadanos haitianos, debido a la grave crisis política, económica y de seguridad que enfrenta Haití.
El dirigente político advirtió que las dificultades para ejecutar un retorno masivo hacia Haití podrían aumentar la presión migratoria sobre la República Dominicana. En ese sentido, insistió en que las autoridades deben fortalecer desde ahora los controles fronterizos, reforzar la vigilancia y preparar mecanismos que garanticen la protección de la soberanía nacional.
Como parte de esa estrategia, Ramfis Domínguez Trujillo informó que instruyó a su equipo técnico y político a realizar un análisis del impacto que podría tener la eliminación del TPS y evaluar los distintos escenarios que puedan afectar directa o indirectamente al territorio dominicano.
Asimismo, sostuvo que la comunidad internacional debe comprender que la República Dominicana no puede asumir las consecuencias de decisiones migratorias adoptadas por otros países. Reiteró que el Estado dominicano tiene el derecho soberano de aplicar sus leyes migratorias y decidir quién puede ingresar y permanecer en el país conforme a la Constitución y la legislación vigente.
Finalmente, el presidente del PED exhortó al Gobierno a mantener un monitoreo permanente de la situación, fortalecer la capacidad operativa de las autoridades migratorias y actuar con planificación para proteger la estabilidad nacional. Afirmó que la defensa de la soberanía y el control efectivo de las fronteras deben ser una política de Estado orientada exclusivamente a salvaguardar los intereses del pueblo dominicano.
