SANTO DOMINGO, RD.- Los parqueadores callejeros e informales se han convertido, poco a poco, en una expresión visible del desorden urbano que hemos normalizado. Ya no se trata solamente de personas que “ayudan” a estacionar un vehículo.
En muchos puntos de la ciudad actúan como si fueran propietarios del espacio público; apartan lugares, cobran tarifas, intimidan conductores, organizan la calle a su manera y terminan imponiendo una autoridad paralela donde debería prevalecer la autoridad municipal.
El problema no es menor. Cuando una persona puede apropiarse de una acera, de una esquina o de un tramo de vía pública para administrarlo como negocio particular, lo que queda en evidencia es una falla profunda del orden urbano. La calle deja de ser de todos y pasa a ser controlada por quien llegó primero, por quien grita más fuerte o por quien tiene capacidad de presión.
Esto afecta la movilidad, la convivencia y la seguridad. Muchos ciudadanos ya no se sienten libres de estacionarse en espacios permitidos sin recibir una exigencia de pago. Otros evitan determinadas zonas porque saben que, además del tránsito y la falta de parqueos, tendrán que enfrentar el cobro informal y, en ocasiones, la amenaza disfrazada de “cuidado del vehículo”.
La ciudad no puede funcionar bajo reglas improvisadas. El espacio público tiene que ser regulado por normas claras, autoridades presentes y sistemas formales. Donde hay desorden permanente, siempre aparece alguien dispuesto a ocupar el vacío. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido con los parqueadores informales; han llenado el espacio que dejó la ausencia de planificación, fiscalización y gestión municipal.
No se trata de perseguir la pobreza ni de desconocer que muchas personas buscan sobrevivir en medio de una economía difícil. El tema debe abordarse con sensibilidad social, pero también con firmeza institucional. Una cosa es entender la necesidad humana de trabajar, y otra muy distinta es permitir que la necesidad justifique la privatización informal de la ciudad.
Los ayuntamientos tienen que asumir este tema como parte de una agenda seria de ordenamiento urbano. Hace falta identificar las zonas críticas, regular los estacionamientos, fortalecer la policía municipal, aplicar sanciones cuando corresponda y crear alternativas para quienes hoy viven de esa práctica. La solución no puede ser mirar hacia otro lado.
También se requiere una política integral de parqueos. Mientras las ciudades sigan creciendo sin prever suficientes espacios de estacionamiento, mientras los comercios funcionen sin soluciones adecuadas y mientras las aceras sean ocupadas por vehículos, motocicletas, tarros, letreros y negocios improvisados, el caos seguirá reproduciéndose.
Una ciudad ordenada no es aquella donde todo el mundo hace lo que quiere. Es aquella donde las reglas protegen el derecho de todos. El conductor tiene derechos, el peatón tiene derechos, el comerciante tiene derechos y también la persona que trabaja informalmente merece una salida digna. Pero ningún derecho puede ejercerse a costa de secuestrar la cale.
Si permitimos que los parqueadores informales sigan decidiendo quién usa el espacio público, cuánto debe pagar y bajo qué condiciones puede hacerlo, estaremos aceptando que la ciudad ya no pertenece a sus ciudadanos, sino al desorden. Y una ciudad gobernada por el desorden termina perdiendo autoridad, seguridad y calidad de vida.
Por Victor Feliz Solano
